Los montes en los doce días de agosto no habrían ardido si no le prendieran fuego. Y sin el Nordés, con rachas de 50 km hora, tampoco se habrían quemado tantos miles de ferrados. ¿Quién incendia los montes? Es una pregunta sin respuesta. Aquí no se le puede echar la culpa al rayo ni actualmente, a la carbonilla del tren. Se habla mucho de montes abandonados, desde luego, no están tan cuidados como la Herradura de Santiago, ni tampoco es necesario, pero si no los incendiaran no ardían. Y esta vez los incendios se sucedieron de tal forma, que igual todos los medios aéreos de España para apagar llamas podían resultar inútiles. Porque Nordés echó una mano a los incendiarios. Con cientos de puntos de fuego al anochecer de poco valdrían todos los Canadiar del mundo. ¡Oh, si al lado de cada incendio de puntos múltiples pasase un río Miño! Las cadenas humanas de los que en cuatro décadas de incendios intencionados vieron por primera vez las orejas al lobo, reducirían lejos de las viviendas las llamas a golpe de cubos de agua. Pero los incendiarios con la nocturnidad de siempre esta vez tenían su logística devastadora y el viento a favor.
¿Montes abandonados? En la revista CIS Madera (28-03-2005) han escrito Bermúdez Alvite y Touza Vázquez: "El volumen anual de 6,5 millones de metros cúbicos que se está cortando actualmente en Galicia, tiene un valor en pie de unos 40.000 millones de pesetas, cifra que supera los 150.000 millones de pesetas después de la primera transformación y que añade 70.000 millones de pesetas adicionales con las transformaciones posteriores, aunque esta última cifra podría llegar a multiplicarse por cinco con un adecuado desarrollo de la industria transformadora de alto valor. En estos momentos, la industria gallega tan sólo transforma el 11% de la producción de tableros, el 10% de la madera aserrada y un 3% de pasta de celulosa". (En Galicia no se transforma ni un kilo de las 325.000 toneladas de pasta libre de cloro que se fabrica en Lourizán).
Nadie busca ni persigue incendiarios
Un monte abandonado lleva a los bolsillos de sus propietarios privados 40.000 millones de pesetas. El monte gallego está a monte y arde porque le plantan fuego, y los incendiarios ni siquiera tienen que andar a monte, huyendo de la justicia, porque nadie los busca ni persigue. ¿Acaso cuarenta años no son suficientes para descubrir quiénes queman el monte y ponerlos un par de décadas a la sombra?
Una situación parecida a la que padeció Galicia en estos doce días de agosto, aunque menos extensa e intensa, se dio en el mismo mes de 1975. Qeman Galicia con impunidad desde hace unos 40 años. Aquella inicial campaña institucional del régimen franquista "cuando un monte se quema, algo suyo se quema" no detuvo a los incendiarios. Sin embargo, esta campaña llegó a ser popular durante años gracias a un humorista, puede que El Perich, al añadir "Señor Conde". (Cuando un monte se quema, algo suyo se quema, Señor Conde). En Galicia las grandes extensiones forestales pertenecían a los vecinos desde tiempos remotos, pero una Real Orden de mayo de 1848 eliminó esa propiedad al disponer que "la legislación administrativa vigente no reconoce la diferencia que se pretende establecer entre los montes del común de los pueblos y los del común de los vecinos". La ley de Montes de 1957 acude a reparar tal despropósito y pone principio al reconocimiento legal de una organización colectiva consuetudinaria, pero hasta 1968 no se inció el proceso de devolución de la propiedad a las comunidades de vecinos, procedimiento que casi concluyó en 1985. Hoy en día también Audasa, además de expoliar a los gallegos con peajes hasta el 2048, es un gran propietario forestal que por su negligente gestión debía entrar en el Guinnes.
Desde el año 1968 hasta 1989 se registraron en Galicia más de 55.000 incendios forestales que arrasaron cerca de un millón de hectáreas, casi tanto como el 40% de la superficie del país. Un promedio de 2.500 incendios con 45.454 hectáreas quemadas por año. Los 1.923 incendios de 1975, el 45,3% de los de España, quemaron 75.818 hectáreas, cuantificándose las pérdidas en 1.658 millones de pesetas. Durante tres días de agosto, el Nordés excitó llamas que cubrieron O Castrove y O Morrazo de un manto negro. En aquellos momentos había gentes que no reparaban en el daño ecológico porque soñaban que los incendios acabarían con la dictadura. El viejo republicano repetía que el "Nordés aviva o lume, pero non retira dictadores. Franco xa está fisicamente agotado. A súa morte non reporá as árbores queimadas". La ecología en aquella década poco más era que preocupación científica de Ramón Margalef. Tras una larga agonía, Franco murió el 20 de noviembre de 1975, cuando ya germinaban minúsculas plantas de eucaliptos sobre la cubierta negra de los montes quemados. (Los incendios forestales han generado eucaliptales).
El cachondeo del director general
Desde 1968, en que los incendios entraron en el registro estadístico, los fuegos provocados son mayoría. En 1996, con 10.261 incendios forestales, los intencionados eran la primera causa con el 86,5%, seguido del 5,1 por negligencia y el 0,3 por el rayo. Nunca nadie dudó que la mayoría de los fuegos forestales eran intencionados. No obstante, allá van 38 años sin que hayan llevado a los incendiarios acompañados de pruebas irrefutables ante el juez. Desde luego, en este agosto de 2006, parece como si a los clásicos poderes de Montesquieu se sumase un poder devastador, que detentan los incendiarios. El ministerio fiscal y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, acordándose de Santa Bárbara cuando truena, piden que los ciudadanos denuncien a los pirómanos. Y hasta ofrecen recompensas por colaborar, sin precisar la cuantía. O sea, que los vecinos cubran las lagunas policiales y no reparen en la afrenta gubernamental. El director general de la Guardia Civil anunció, cuando el humo arrancaba lágrimas, que se enviaban 109 agentes "especializados" de la Guardia Civil para luchar contra los incendios. La Asociación Independiente de la Guardia Civil calificó el anuncio de "cachondeo", ya que esos "nuevos" agentes son guardias civiles que "ya están dentro de la plantilla" de Galicia. Para la Asigc, la Guardia Civil de Galicia "apenas pisa los montes porque no tiene personal suficiente" para atender los cometidos de seguridad ciudadana que la población le demanda.También el Fiscal General del Estado prometió una investigación para tratar de determinar si existe o no una trama criminal organizada detrás de los fuegos. ¿Que ha hecho el ministerio fiscal durante los años de democracia por el descubrimiento de delincuentes incendiarios? Desde 1990 hasta 2004 se han registrado en Galicia 79.414 incendios que han convertido en humo y ceniza el manto vegetal de más 180.700 hectáreas. Tan pocas hectáreas por incendio nos costó a los contribuyentes un ojo de la cara. Las hectáreas quemadas entre 1968 y 2004 equivalen aproximadamente al 65% de la superficie forestal de Galicia. A pesar de ello, en 2001 se calculó una biomasa árborea de 133 millones de metros cúbicos con un crecimiento anual de 12 millones de metros cúbicos. La cuarta parte de la biomasa arbórea de España está en Galicia, sobre el 11% de la superficie forestal española. Los montes gallegos generan cada año la mitad de la madera cortada en España, a la cual en junio pasado el conselleiro Suárez Canal dio una facturación que supera los 240 millones de euros. El responsable de Medio Rural destacó que Galicia sólo aprovecha el 50% de las posibilidades reales y sostenibles de producción forestal, lo cual coincide con los que sostienen que en el monte gallego con sólo dejarlo crecer se podía cortar anualmente madera por valor de más de 500 millones de euros. ¡Imaginen la fábrica de dinero que tenemos los gallegos en el monte cuando lo sepamos explotar y amar! Lo anticipó Castelao, que en 1940 nos dejó escrito que "o día que seipamos o que val un albre, aquel día non teremos necesidade de emigrar". La emigración como el fuego devorador sigue, sólo que ahora se van sobre todo los números uno de las licenciaturas universitarias. ¡Otra pérdida de riqueza!
Un montón de leyes en un florero
No se debe olvidar que la Constitución reconoce en su artículo 45 que "todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo" y que "los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva". También está en la Carta Magna que "la policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente". Asimismo el artículo 104 dispone que "las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana". Por la Ley Orgánica 2/1986, que determina las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, se encomienda a la Guardia Civil "velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como de la riqueza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la naturaleza", función que ejercerá en todo el territorio nacional y en su mar litoral. La Consellería de Medio Ambiente del anterior Gobierno gallego colgó en la red y ahí sigue en la página web de la Xunta un texto sobre el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil donde figura que "O SEPRONA foi pioneiro en Europa e un modelo para numerosas policías e considerada o embrión da futura policía ecolóxica europea".
La Guardia Civil crea en 1988 el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), que en la actualidad tiene sedes en las capitales de provincia y en 23 localidades más: Pontedeume, Ortigueira, Santiago, Noia, Corcubión, Baralla, Vilalba, Monforte, Ribadeo, Xove, Proba de Trives, Verín, Lovios, Viana do Bolo, Carballiño, Vigo, Ponteareas, Tui, O Porriño, A Estrada, Cangas de Morrazo, Vilagarcía y Lalín. Sedes muchas, agentes pocos.
La cataplasma del Gobierno central
A primeros de año, según el ministerio de Administraciones Públicas, eran 115.575 los efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Segunidad del Estado, con 6.833 destinados en Galicia, el 5,99% para una población del 6,26%. Otra fuente pone en Galicia 2.670 policías nacionales con 350 en la unidad adscrita a la Xunta (5,4% de los efectos nacionales) y 4.722 guardias civiles (6,6% del total de España). (País Vasco y Cataluña cuentan con la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra, que sí son cuerpos de policía autonómica, con 12.000 y 7.593 efectivos, respectivamente, además de 4.197 y 7.475 agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado). Sin incluir las policías locales, Cataluña dispone de 2,7 agentes por cada 1.000 habitantes, el País Vasco 5,5 y la media española está en 2,6, que superan Navarra 5, La Rioja 4,7, Madrid 4,4, Castilla y León 3,3, Aragón 3,2, Estremadura 3 y Asturias, Baleares y Castilla-La Mancha con 2,7. Si en Galicia se diese la media nacional de agentes por mil habitantes, que sería una manera de corregir una injusticia social, se contaría con más de medio millar de guardias civiles y policías nacionales que con seguridad darían respuesta a quién quema el monte. Por encima, los insuficientes recursos humanos se reducen al destinar agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Galicia a otras comunidades autónomas para atender emergencias o servicios especiales o para incrementar la seguridad ciudadadana de otras partes desguarneciendo la de Galicia. Tampoco se debe olvidar que España quiere estar en la vanguardia de la lucha contra el blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas, así Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Galicia actúan en gran número en las costas gallegas contra la droga y la desarticulación de organizaciones de narcotraficantes.
Meses atrás la patrullera Río Duero, con base en Marín, y el buque Petrel de vigilancia aduanera, con base en Vigo, ambos con 12 guardias civiles en sus dotaciones, han sido desplazados a Mauritania para vigilar la inmigración ilegal y evitar la avalancha de pateras y cayucos sobre Canarias. Coincidió que durante la etapa incendiaria, 40 agentes de policía de Vigo se enviaron a Canarias para atender también a los inmigrantes ilegales, dejando de cubrir otras necesidades porque la plantilla viguesa es insuficiente.
Para mayor inri, en noviembre del año pasado, en reunión de representantes del ministerio público, el Seprona, la mal llamada Policía Autónomica y agentes forestales, los fiscales antiincendios de Galicia han detectado una deficiente coordinación de las fuerzas policiales dedicadas a la investigación de los fuegos forestales. Por las informaciones de diversos medios, se sabe que los fiscales reclamaron un registro propio de los atestados de incendios. En la reunión se aludió a la paradoja que se da en verano, cuando al menos un tercio de la plantilla de los cuerpos de seguridad se toma vacaciones. También tiene su aquel que en la reunión se pidieran horarios más flexibles pues contando con estudios estadísticos que señalan horas y días con riesgo de incendios no parece descabellado aprovechar esta información para racionalizar el despliegue de las fuerzas policiales.
Al Gobierno del Estado no parece que le preocupen las quemaduras de tercer grado o quemaduras de profundidad total. Ningún tipo de quemadura se cura con cataplasmas de olvido.