El principal problema de Galicia para los políticos es la reforma del Estatuto de Autonomía. Las encuestas, sin embargo, no confirman esa prioridad política. La ciudadanía no está por la reforma. Pero allá va un año con los políticos dando preferencia al asunto, si bien no aciertan a salir del atolladero. El obstáculo es "nación". Emilio Pérez Touriño, presidente de la Xunta y mandamás del PSOE gallego, se reunió con Alberto Núñez Feijoo, líder del PPdeG, y cuentan que pactaron colocar en el preámbulo del nuevo Estatuto la palabra "nación", que, según el diccionario de la Lengua Española, es "conjunto de habitantes de un país regido por el mismo gobierno" o "conjunto de personas de un mismo origen étnico y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común". En el articulado del Estatuto vigente se define a Galicia como "nacionalidad histórica", que es lo constitucional, y se pactó que así continuará. (En el mismo diccionario está que "nacionalidad" es "condición y caracter peculiar de los pueblos e individuos de una nación"). Pero hete ahí que sin apenas transcurrir 24 horas del encuentro Touriño-Feijoo, Mariano Rajoy Brey, presidente del Partido Popular de España, declaró que en la reforma del Estatuto gallego "no habrá nación gallega" y que si se incluye ese término recurrirá al Tribunal Constitucional. Touriño salió a la palestra para emplazar a Feijoo a que "cumpla la palabra" y "aguante el tirón" ante el aviso de Rajoy. En opinión de Touriño, a Rajoy le empieza a preocupar que en Galicia "pueda reafirmarse la vena galleguista de su partido". Feijoo, por su parte, aclaró que en su cuentro con Touriño no se cambió la Constitución", por lo tanto, la definición legal de Galicia es "nacionalidad histórica", "en el articulado y en el preámbulo".
En fin, lo que la sucursal del Partido Popular en Galicia no puede desmentir es que lleva décadas presentándose como "galleguista". Y a los galleguistas históricos se debe que Galicia sea nacionalidad, porque ellos presionaron por el plebiscito del Estatuto gallego que, después de múltiples retrasos, se celebró en junio de 1936, con un brillante resultado. Este hecho, aprovechado por la habilidad y los saberes jurídicos de José Luis Meilán Gil, hizo posible reconocer a Galicia como "nacionalidad histórica" de acuerdo con la Transitoria segunda de la Constitución. ("Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía"...). Esta Transitoria permitió que la iniciativa del proceso autonómico gallego pasase de las Diputaciones provinciales al órgano preautonómico. Sin el esfuerzo del Partido Galleguista, fundado en 1931 en Pontevedra, Galicia no sería hoy "nacionalidad histórica". Pues ese partido, motor principal en la redación del Estatuto del 36 y posterior referéndum, eligió en 1933 a Plácido Ramón Castro del Río para representarle en el IX Congreso de las Nacionalidades Europeas, celebrado en Berna del 16 al 18 de septiembre de aquel año. En dicho Congreso, los delegados de los países del mundo miembros de la Sociedad de Naciones -institución precursora de la actual ONU- proclamaron y aceptaron oficialmente a Galicia como una nación europea. Si se incluye la narración de este hecho histórico en el preámbulo (según la Academia, "aquello que se dice antes de dar principio a los que se trata de narrar, probar, mandar, poedir, etc.") no se rompe nada. Como tampoco pasa nada si se alude al antiguo Reino de Galicia, que tuvo por rey a don García, coronado en la catedral de Santiago, en cuya escuela se había educado y donde don Cresconio, obispo de Iria y Compostela, le enseñó disciplinas liberales. Tampoco se rompería ninguna indisoluble unidad si en el preámbulo se recuerdan todos los proyectos autonomistas que este país redactó, entre los que figura el "Proyecto de Constitución para el futuro Estado galaico", elaborado en 1883 por el Consejo Federal de Galicia y aprobado en la Asamblea celebrada en Lugo en 1887. Tenemos un Estatuto sin preámbulo, cuando atesoramos una larga historia de pueblo solidario que a cambio recibe discriminación. Un pueblo, no obstante, que tardó casi siglo y medio en recuperar el Voto en Cortes, que desde 1476 llevaba Zamora. En 1623 hubo que comprarlo por 100.000 ducados, dineros que Felipe IV mandó destinar a la construcción de una escuadra para guardar las costas gallegas.
"Agricultura moribunda e gandaría doente"
El caso es que si no hay acuerdo antes de enero próximo, la reforma del Estatuto quedará para después de las elecciones municipales. Tampoco pasará nada. "¿Para que un novo Estatuto de Autonomía?, se preguntaba X. L. Méndez Ferrín en artículo publicado en Faro de Vigo en marzo pasado, para responder seguidamente que "co vixente na man e dentro da legalidade da Constitución un goberno progresista e nacionalista disposto a facer política real podería mudarlle as formas e algo os fondos ao País, robustecer este simbólicamente como Nación, asegurar o Traballador sequer fose en mínimos, converter o pobo en máis Pobo e menos cidadanía choca, frear a emigración, incluir os inmigrantes no proxecto común (deixalos votar eiquí), invertir as prácticas neoliberais que nos levaron á ruína na era Fraga Iribarne".
"Co actual Estatuto -continúa Ferrín- poderíase comarcalizar Galicia e dar pasos reais cara a extinción das provincias e deputacións. Só con querelo e sin modificar a lexislación actual en materia de réxime local, os do BNG que tanto fachendean de Bóveda e Castelao poderían por xa en vigor as freguesías ou parroquias (non só rurais, senón tamén urbanas) facendo delas un degrau intermedio entre o concello e as bases sociais, tal e como ocorre en Portugal (para onde ollan moito algúns sen ver o que deben) por lei de obrigado cumprimento. Dentro dos marcos legais vixentes non sería imposible a creación dunha banca nacional e dun sector público da economía, por non falarmos do relanzamento da agricultura moribunda e da gandaría doente".
El desencanto por la política que penetró en la ciudadanía gallega no se transforma con el incordio de la reforma, mientras se nos oxida el Estatuto de 1981 por falta del debido uso. 25 años después, ¿dónde está el reconocimiento de la comarca como entidad local con personalidad jurídica y demarcación propia? ¿Para cuándo se deja el reconocimiento de la personalidad jurídica de la parroquia?