ESO QUE DICEN "CASO GÜRTEL" ES TAN VIEJO EN GALICIA COMO LA AUTONOMIA

Galicia no es una excepción. En la política tampoco andan los mejores, los más decentes. No obstante, figuran entre los mejor pagados. Pero no se conforman con percibir remuneraciones que por su conocimiento y profesionalidad jamás alcanzarían. Y buscan más. Lo de cobrar kilómetros sin recorrerlos es una minucia, pero no han dimitido. Y aún sacan a relucir frases contra otros: "meter mano en la ucha".

Eso que ahora llaman caso Gürtel es tan viejo en Galicia como la autonomía. Tan pronto la Comunidad Autónoma tuvo un presupuesto para amarrar ahí empezó la corrupción, que entró de la mano de las comisiones que ofrecieron las constructoras por la adjudicación de obras. En 1983, el presupuesto autonómico se plantó en 80.000 millones de pesetas, que traducidas a euros serían 480 millones de euros, una miseria al lado de los actuales que andan en 11.686 millones. Y ya comenzó la corrupción en sus distintas variedades. La corrupción vino de fuera, pero aquí, o sea, en Galicia, se estableció como pez en el agua.

La existencia de la corrupción política se desveló en el Parlamento gallego, cuando todavía tenía su sede provisional en el palacio de Fonseca. En su antigua capilla se reunían las comisiones. Y un día el diputado Santos Oujo soltó lo de MISTER CUATRO POR CIENTO. Conté la historia tal como aconteció en sede parlamentaria y el aludido llevó al mensajero al Juzgado. Después de 16 querellas de alcaldes durante la dictadura, la del mister cuatro por ciento fue la primera de la democracia. Las querellas de los alcaldes del franquismo acabaron archivadas y la primera y hasta ahora única de la democracia se resolvió con una sentencia absolutoria que defendía con mucho sentido común y conocimiento jurídico la libertad de expresión, con la firma del juez Romero, entonces magistrado en Vigo.

En la década de los 80 se hablaba mucho de corrupción. Existía en las distintas administraciones: autonómica, provinciales y municipales. Y para Juan Pueblo era motivo de conversación. Pero la vox populi muy rara vez llegaba a los medios de comunicación, porque ya las administraciones le ofrecían sustanciosas subvenciones. Con el paso de los años cada vez eran más los que conjugaban el verbo trincar, los chorizos (es justo puntualizar: con perdón del embutido), en definición de un ácido poderoso político. Proliferaban los políticos que por adjudicaciones o contratas de obras y servicios, por licencias de apertura de comercios o de taxis, por chanchullos urbanísticos que alargaban el volumen, percibían comisiones. A modo de ejemplo, abrir una sucursal de una caja de ahorros tan pronto concluían las obras de adaptación del local llegó a tener un coste de 700.000 pesetas a entregar en una oficina de la capital provincial o, de lo contrario, a esperar un año o más. Se sostenía abiertamente que el destino de estas recaudaciones ilegales era la financiación de los partidos, pero también se ironizaba que una parte se perdía por el camino. Desde luego, los signos externos que se pusieron de moda en los años finales de la dictadura, delataban que no todo era para el partido. Chalés, coches de gama alta, segundas viviendas, caros regalos, vacaciones en el extranjero, etc. Los partidos con poder contaban con recaudadores de sobornos.

Las corrupciones más robustas correspondían a la Administración autonómica. Y con esto se llega a que todos los partidos políticos con poder se han lucrado de las comisiones y otras prebendas ilegales. No se salva ni uno. Ocurre que el partido con mayoría en la administración autonómica, en las diputaciones y en muchos ayuntamientos recauda más que otro que sólo dispone de unos pocos concellos. Hablando en porcentaje, tal vez el más prepotente podía recolectar el 80% de ese mercadeo en negro, el siguiente igual captaba el 18% y el más pequeño tenía que conformarse con una participación mínima de sólo el 2%. Los porcentajes variaron según las legislaturas. Quien no tiene poder, no tiene opción a recaudar. ¿Existe algún partido que no haya recibido dinero por sacar adelante una recalificación urbanística? Este trasiego ilegal de dinero llegó a ser tan habitual, que hubo beneficiarios que se creyeron impunes. Y así en las tertulias con amigos fardaban de que ya podían vivir del peto forjado con mordidas por concesiones eólicas o minicentrales. Otros tampoco guardaban secreto de los grandes ingresos que le reportaban las recalificaciones urbanísticas. Hubo restauranteros que mientras servían a especuladores menús con exceso de marisco escuchaban los precios que tenían que pagar por lograr más volumen constructivo en un parcelón o hacer urbanas unas leiras rurales previamente adquiridas por medio de testaferros a perra gorda la conca. Eran cifras de varios millones. Pero no importa –justificaba un comensal-, “el precio de la vivienda puede con todo”. Un canalla que amasó una fortuna, hoy a buen recaudo en paraísos fiscales, se jactaba en 2005 de que la corrupción no debe ser tan mala cuando también se da en Cataluña. Por esas fechas Maragall, que ya no presidía la Generalitat, dijo aquello de que el problema de CiU “se llama tres por ciento”, en alusión a un supuesto cobro de comisiones en la adjudicación de obras. Este tema se trató en marzo último en el XXII Congreso Universitario de Alumnos de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, dedicado a la corrupción, donde el profesor Rebollo recordó que no hubo ni investigación periodística ni política del tres por ciento “porque pudo ser del diez por ciento” y ha utilizado unas palabras de Jordi Pujol para justificar esta actitud, cuando dijo “si se tira de la manta, todos nos haremos daño”. Y nadie tiró de la manta. Había que llegar al diez y más por ciento.

Pero, ¿por qué nadie se ocupó en Galicia de comprobar si tenían fundamento los rumores de comisiones percibidas para contratar a este o aquel para dar un concierto? También se sabe que una manera de mantener adhesiones inquebrantables era encargar informes, los más llenos de faltas de ortografía y llamativos errores geográficos, y pagar por cuatro folios hasta un millón de pelas. Tampoco hay que olvidarse de aquellos que crearon una empresa, la dotaron con cuatro máquinas de tercera o cuarta mano, y venga a hacer obritas para los ayuntamientos amigos y a facturar cantidades importantes con copiosos beneficios. También está el comercio de la información privilegiada en materia urbanística. Que es difícil de probar, pero no imposible si se persigue.

Bien recientemente, Antonio Roma, fiscal de urbanismo de Galicia, declaró a Xornal de Galicia que “Galicia no es Marbella, donde hay mucha más presión urbanística, y no tiene más corrupción que el resto de España, pero sí que es un fenómeno preocupante y que condiciona el desarrollo a medio plazo de la economía. En Galicia hay corrupción. La Fiscalía ha actuado de oficio y a través de denuncias”.

Si señor, en Galicia hay corrupción política. Y de la otra. Y nadie la ignora, pero los políticos dicen desconocer la propia.  O sea, los políticos ven la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Y unos corruptos se presentan como unos decentes, cuando tienen que rascar, para echar en cara la corrupción de los partidos contricantes. No hay más que navegar un rato por Internet para tener idea de la dimensión y generalización de la corrupción política, que además en España está en libros ya viejos, en informes anuales de Trasparencia Internacional. Por cierto en el informe global de 2009, en el capítulo dedicado a España, está esto:

“Aun después de los innumerables escándalos de corrupción a nivel local que se han desatado en los últimos años, la corrupción no parece haberse convertido en un tema prioritario de la agenda pública. El Barómetro de 2007 y 2008 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mostró que menos del 3% de las personas mencionaron la corrupción como uno de los principales problemas de España. Este dato supone un enorme contraste con la reacción del gobierno a mediados de la década de 1990, cuando según las encuestas el problema de la corrupción ocupaba el primer puesto en la agenda pública”.

Con la crisis de Decencia, como la califica Leopoldo Abadía, la corrupción no tiene más remedio que descender y dejar de ser preocupación principal. Ahora lo que inquieta es no perder el puesto de trabajo o conseguir un empleo. Dicen que es muy difícil perseguir la corrupción, tanto la política como la privada. Si quienes tienen que llevar la severidad a la legislación son los políticos, las cosas continuarán como están, salvo que se ponga fin a la pasividad social que en torno a este tema hay en toda España. Sin una exigencia contundente de la sociedad civil, en Galicia, en España entera, la corrupción campará a sus anchas. Los delitos prescribirán y las leyes permitirán o se adaptarán para que lo que llaman “cultura de la corrupción” siga con éxito. La corrupción es problema de todos: unos para que dejen de practicarla, y otros para crear la milagrosa alarma social que obliga a combatirla.

Por eso es importante que todos los Gürtel que en España han sido y son, y no se han extinguido, que están dentro de todos los partidos políticos, se persigan con ahínco a ver si se extermina esta lacra social. A esperar sentencias ejemplares. Pero también hay que prevenir. Y un buen paso sería una ley con un solo artículo: “Prohibido que las administraciones públicas subvencionen a los medios de comunicación”. Y además regular con la máxima transparencia la tarta publicitaria del Estado, de las autonomías, de las diputaciones y de los ayuntamientos. En el citado Congreso de Derecho Penal se citó a la periodista Elisa Meni, quien ha asegurado que este tipo de delitos es “utilizado como arma contra el poder que no gusta a un medio concreto”. Para entrar en la senda que conduzca al final de la corrupción también hay que modificar la ley electoral y obligar a que los partidos políticos implanten de una vez la estructura y funcionamiento democrático. Las listas cerradas no permiten borrar a los corruptos que ponen en las candidaturas.

 Según la Constitución, “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Es un artículo más virgen que el aceite de oliva virgen. Los necesarios partidos políticos están en manos de sus cúpulas y cuatro barones. Y por encima ni son los mejores. Ni los más sensatos. ¿Se logrará algún día la regeneración democrática?